Golpe militar en Honduras el presidente Zelaya, detenido y deportado a Costa Rica. El Congreso destituye a Zelaya y designa a Micheletti como su sucesor. La ministra de Exteriores ha sido detenida y el Ejército ha dado la orden de capturar a todos los miembros del Gobierno

La democracia hondureña había entrado en una empasse la semana pasada. Su solución debía pasar por la Constitución y los resortes que la democracia tiene para defenderse. Entre las opciones no estaba la decisión militar de una rápida deportación a Costa Rica del presidente electo por los votantes.

El golpe militar en Honduras es una violación a las normas democráticas y merece la condena más severa. El presidente Manuel Zelaya debe ser reinstalado de inmediato. La acción militar es una forma práctica de resolver la crisis , pero es inaceptable y crea un terrible precedente. Los hondureños deben resolver ordenadamente las diferencias que surgen en una democracia.

Zelaya cayó en la tentación de muchos mandatarios de querer reformar la Constitución para extender su período de gobierno. Con ese fin era la elección de ayer. El presidente quería agregar una urna adicional para preguntar al ciudadano si estaba de acuerdo con que en las elecciones del 29 de noviembre se instalara una urna para elegir una Constituyente que redacte una nueva Constitución.

La tribunales dijeron que la consulta era ilegal por no estar bajo el control de la autoridad electoral. Zelaya decidió ignorar el fallo, desencadenando una crisis interna en su gobierno y una disputa con el Congreso. Allí el presidente del legislativo, Roberto Micheletti, tenía todo listo para acusar al presidente de incapacidad y destituirlo. Ese posiblemente era el camino a seguir en vez de la detención militar y remoción del presidente legalmente constituido, sin ningún proceso legal.

Por eso nos preocupa el que Micheletti haya sido nombrado presidente provisional —tal como le correspondería en el orden constitucional después del mandatario— y que la justicia hondureña tolere el proceso iniciado por los militares. De esta manera, hay una violación a la democracia de la nación centroamericana si su liderazgo político acepta la remoción militar del mandatario, y mucho peor si alentó la acción.

La imagen de Zelaya, irónicamente, sale robustecida como presidente legal derrocado, que como mandatario rebelde. La democracia Honduras y sus instituciones son las que quedan mal paradas, en el ostracismo regional y revelando una inmadurez política colosal al no saber resolver sus retos de otra manera. Se pudo haber destituido al presidente por otras vías. Ahora el precio del golpe es el fortalecimiento de Zelaya y el debilitamiento de la democracia.

La democracia hondureña había entrado en una crisis la semana pasada. Su solución debía pasar por la Constitución y los resortes que la democracia tiene para defenderse. Entre las opciones no estaba la decisión militar de una rápida deportación a Costa Rica del presidente electo por los votantes.

El golpe militar en Honduras es una violación a las normas democráticas y merece la condena más severa. El presidente Manuel Zelaya debe ser reinstalado de inmediato. La acción militar es una forma práctica de resolver la crisis , pero es inaceptable y crea un terrible precedente. Los hondureños deben resolver ordenadamente las diferencias que surgen en una democracia.

Zelaya cayó en la tentación de muchos mandatarios de querer reformar la Constitución para extender su período de gobierno. Con ese fin era la elección de ayer. El presidente quería agregar una urna adicional para preguntar al ciudadano si estaba de acuerdo con que en las elecciones del 29 de noviembre se instalara una urna para elegir una Constituyente que redacte una nueva Constitución.

La tribunales dijeron que la consulta era ilegal por no estar bajo el control de la autoridad electoral. Zelaya decidió ignorar el fallo, desencadenando una crisis interna en su gobierno y una disputa con el Congreso. Allí el presidente del legislativo, Roberto Micheletti, tenía todo listo para acusar al presidente de incapacidad y destituirlo. Ese posiblemente era el camino a seguir en vez de la detención militar y remoción del presidente legalmente constituido, sin ningún proceso legal.

Por eso nos preocupa el que Micheletti haya sido nombrado presidente provisional —tal como le correspondería en el orden constitucional después del mandatario— y que la justicia hondureña tolere el proceso iniciado por los militares. De esta manera, hay una violación a la democracia de la nación centroamericana si su liderazgo político acepta la remoción militar del mandatario, y mucho peor si alentó la acción.

La imagen de Zelaya, irónicamente, sale robustecida como presidente legal derrocado, que como mandatario rebelde. La democracia Honduras y sus instituciones son las que quedan mal paradas, en el ostracismo regional y revelando una inmadurez política colosal al no saber resolver sus retos de otra manera. Se pudo haber destituido al presidente por otras vías. Ahora el precio del golpe es el fortalecimiento de Zelaya y el debilitamiento de la democracia.