de Bartolomé Clavero - Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

“Se urge al Estado a invitar al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas para monitorear la situación de las comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico, según la Corte Constitucional en su Auto 004 [de 2009]. Asimismo, insta al Estado a continuar su cooperación con el Fiscal de la Corte Penal Internacional”, es una de las recomendaciones del Informe sobre la Situación de los Pueblos Indígenas en Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. El Informe del Relator Especial que le precediera, Rodolfo Stavenhagen, ya había dado la voz de alarma por la comisión de “verdaderos genocidios y etnocidios” en Colombia. Y la Corte Constitucional colombiana se ha referido efectivamente al imperativo de prevenir “el genocidio”, entre otros, de indígenas. La luz de alerta por genocidio está encendida.

En el año 1998, Francis Deng, entonces Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre la Cuestión de los Desplazados Internos y que como tal había visitado Colombia en 1994, hoy Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, el asesor al que se refiere la recomendación de James Anaya, presentó a la Comisión de Derechos Humanos unos Principios Rectores de los Desplazamientos Internos en los que, entre otros extremos, establecía categóricamente que, por cuanto “el derecho a la vida es inherente al ser humano”, “los desplazados internos estarán protegidos en particular contra el genocidio”, en particular y ante todo. En 2004, la Corte Constitucional de Colombia, mediante una sentencia por acción de tutela, incorpora al derecho colombiano dichos Principios Rectores. No sólo los alega como derecho internacional aplicable internamente, sino que también, en un anexo de la sentencia, el tercero, la Corte formula Los Deberes del Estado en Relación con la Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas en Situación de Desplazamiento conforme sustancialmente a tales mismos Principios. En consecuencia, “las personas en situación de desplazamiento interno deberán recibir una protección especial frente al genocidio”, las personas y, pues se les toma colectivamente en consideración, “los grupos étnicos”, esto es “pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas”.

El mismo año 2004, el Informe Stavenhagen incidía en el asunto respecto a indígenas: “Numerosas comunidades indígenas denuncian asesinatos selectivos de sus líderes y voceros y de sus autoridades tradicionales. Estos homicidios, que parecen formar parte de estrategias diseñadas a descabezar y desorganizar a las comunidades indígenas, contribuyen a la desintegración social y cultural de las mismas. Se trata de verdaderos genocidios y etnocidios perpetrados contra los pueblos indígenas”; “el Relator Especial pudo recoger testimonios en los que se continúa denunciando la limpieza étnica, el genocidio y el etnocidio del pueblo kankuamo” más en concreto; respecto a la situación de “comunidades indígenas en peligro de extinción, sobre todo en la región de la Amazonía ”, recomendaba “que se recurra a la asesoría de la nueva instancia creada en las Naciones Unidas para la prevención del genocidio”, esto es al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio a quien también ahora remite el Informe Anaya.

A nuestras alturas, la Corte Constitucional no se olvida de su propia jurisprudencia acerca de Los Deberes del Estado en Relación con la Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas en Situación de Desplazamiento conforme a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos con la consiguiente posición de alerta respecto a la prevención del genocidio que especialmente amenaza a pueblos indígenas o, en el lenguaje más usual de la Corte y también más comprensivo por incluir a las comunidades afroamericanas, “grupos étnicos”. El Informe Anaya se ha referido a un auto de 2009 que sigue efectivamente alegando dichos documentos normativos subrayando la ineludible “protección contra el genocidio” frente a las condiciones imperantes que lo permiten y hasta favorecen. Algún otro acto todavía posterior insiste en dicho imperativo ante los mismos casos que se presentan. La referencia clave sigue constituyéndola la sentencia referida de 2004 y, con ella, los Principios Rectores que formulara en su día el actual Asesor Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio.

Con todos estos importantes precedentes, la recomendación del Informe Anaya presenta novedades, un par de ellas, una en el orden de las categorías y otra en el de los procedimientos. Ambas encierran un carácter práctico. A los primeros efectos, los conceptuales, el Informe Stavenhagen hablaba de genocidio y de etnocidio mientras que el Informe Anaya evita este segundo término. Hay una razón jurídica. En el derecho penal internacional no existe ninguna conducta tipificada y así perseguible y penalizable bajo el nombre de etnocidio. El delito de derecho internacional es el genocidio. La novedad del Informe Anaya toca a su extensión. Se refiere, como caso planteable ante el Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, a “comunidades indígenas que se encuentran amenazadas con el exterminio cultural o físico”, con la extinción no sólo física, sino también con la cultural no necesariamente cruenta e igualmente así genocida. Este entendimiento tiene base en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pero no es el usual. Usualmente, el genocidio se restringe a actos cruentos reservándose el término de etnocidio, un término sin efectos jurídicos, a las políticas destructivas de culturas indígenas. El Informe Anaya ayuda a precisar justa y pragmáticamente los conceptos.

En cuanto a procedimiento, el Informe Anaya remite no sólo al Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, sino también, tanto para el genocidio físico como para el genocidio cultural pues esto viene a continuación en el mismo párrafo, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Aunque Colombia había ratificado el Estatuto de la Corte en 2002, el Informe Stavengangen no procedía a tal remisión. Es una novedad de lo más pertinente del Informe Anaya por una razón de competencias. El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio la tiene para dar la voz de alarma, voz que para Colombia ya está dada por ambos Informes y por la propia Corte Constitucional, pero no para más, ni siquiera para calificar unos hechos como genocidio, lo cual en otro caso sería una vía conveniente para el acceso a la Fiscalía de la Corte. Ésta tiene la competencia de calificar el delito y de formalizar la acusación y además ante una jurisdicción que entiende de la responsabilidad de los particulares. Para el caso de Colombia, por ejemplo, no sólo agentes públicos o parapolíticos podrían ser acusados de genocidio ante la Corte Penal Internacional, sino también, vuelvo a decir que por ejemplo, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Nell'anno 1998, Francis Deng, in quel momento Rappresentante Speciale Del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla Questione degli Sfollati Interni, aveva visitato la Colombia nel 1994, oggi Assessore Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la prevenzione del Genocidio, l'assessore a cui si riferisce la raccomandazione di James Anaya, ha presentato alla Commissione dei Diritti Umani alcuni Principi Fondanti degli Sfollamenti Interni nei quali si stabiliva categoricamente che , in quanto “ il diritto alla vita è inerente a l'essere umano”, “ gli sfollamenti interni saranno protetti in particolare contro il genocidio” , in particolare e prima di tutto. Nel 2004 la Corte Costituzionale di Colombia, con una sentenza per azione di tutela, incorpora nel diritto colombiano i suddetti Principi Fondanti. Non solo vengono allegati come diritti internazionale applicabili internamente, se nonché, in un allegato della sentenza, il terzo, la Corte formula I Doveri dello Stato in Reazione alla Protezione dei Diritti Fondamentali delle Persone in Situazione di Sfollamento, in conformità sostanziale agli stessi Principi. Conseguentemente “le persone in situazione di sfollamento interno dovranno ricevere una protezione speciale di fronte al genocidio”, le persone e, quindi si prendono collettivamente in considerazione, “i gruppi etnici”, i “ popoli indigeni e le comunità afro colombiane”.

Nello stesso anno 2004, la Relazine Stavenhagen ha parlato della questione indigena : “ Numerose  comunità indigene denunciano omicidi selezionati diretti contro i leader, i portavoce e le autorità tradizionali. Questi omicidi, che sembrano esser parte di una strategia volta a eliminare la guida e a  disorganizzare le comunità indigene, contribuisce alla disintegrazione sociale e culturale delle stesse. Si tratta di veri genocidi e etnocidi, ad esempio quello del popolo Kankuamo” più in concreto; rispetto alla situazione de “ comunità indigene in pericolo di estinzione, soprattutto nella regione dell'Amazzonia” raccomandava “ che si ricorra alla consultazione della nuova istanza creata nelle nazioni Uniti per la prevenzione del genocidio”, questo è diretto all'Assessore Speciale per la Prevenzione del Genocidio, al quale viene rimandata la Relazione Anaya.

La Corte Costituzionale non si dimentica della sua propria giurisprudenza sui Doveri dello Stato in Protezione dei Diritti fondamentali delle Persone in Situazione di Sfollamento conforme ai Principi Fondanti sugli Sfollamenti Interni con la conseguente posizione di allerta rispetto alla prevenzione del genocidio che minaccia in special modo i popoli indigeni o , ne linguaggio più usuale della Corte e anche più comprensivo per includere le comunità afro americane, “ gruppi etnici”. La Relazione Anaya è riferita ad un Atto del 2009 che allegando questi documenti normativi sottolineava l'ineludibile “ protezione contro il genocidio” di fronte alle condizioni imperanti che lo permettono fino a favorirlo. Un altro atto, nonostante sia posteriore, insiste nel suddetto imperativo di fronte agli stessi casi che si presentano. Il riferimento chiave continua ad essere la sentenza del 2004 e, con questa, i Principi Fondanti che citava l'Assessore Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Prevenzione del Genocidio.

Con tutti questi importanti precedenti, le raccomandazioni della Relazione Anaya presentano novità, una nell'ordine delle categorie e l'altra in quello dei procedimenti. Entrambe racchiudono un carattere pratico.

Concettualmente la Relazione Stavenhagen parlava di genocidio ed etnocidio mentre la Relazione Anaya evita questo secondo termine. C'è una ragione giuridica. Nel Diritto Penale internazionale non esiste nessuna condotta tipica, perseguibile e penalizzabile sotto il nome di etnocidio. Il delitto di diritto internazionale è il genocidio. La novità della Relazione Anaja insiste sulla sua estensione . Si riferisce, come caso sottoponibile all'assessore Speciale per la Prevenzione del Genocidio, a “ comunità indigene che si trovano minacciate dallo sterminio culturale o fisico” , con l'estinzione non solo fisica, ma anche culturale non necessariamente cruenta . Questo ragionamento ha la sua base nella Convenzione per la Prevenzione e Sanzione del Delitto di Genocidio  e nello Statuto della Corte Penale Internazionale, ma non è l'usuale. Usualmente il Genocidio si restringe ad atti cruenti, riservando al termine di etnocidio, un termine senza effetti giuridici, le politiche distruttive delle culture indigene. La Relazione Anaya aiuta a precisare giuridicamente e pragmaticamente i concetti.

In quanto al procedimento, la Relazione Anaya rimanda non solo al Assessore Speciale per la Prevenzione del Genocidio, ma anche, tanto per il genocidio fisico come per il genocidio culturale, che viene a continuazione nello stesso paragrafo, alla Procura Generale della Corte Penale Internazionale. Sebbene la Colombia ha ratificato lo statuto della corte nel 2002, la Relazione Stavengangen non procedeva a tale rimando . È una novità della Relazione Anaya per una ragione di competenze. L'Assessore Speciale per la Prevenzione del Genocidio ha la competenza di dichiarare lo stato di allarme, come già dichiarato da entrambe le Relazioni e dalla propria Corte Costituzionale.  Questa ha la competenza di qualificare il delitto e di formalizzare le accuse di fronte ad una giurisdizione che riconosce le particolarità delle responsabilità[...].

Il doppio apporto della Relazione Anaya interessa non solo la Colombia. Gli effetti tanto concettuali quanto procedurali per il dovuto processo per genocidio in corso, possono essere estesi per esempio, al caso mapuche in Cile o a quelli dei popoli amazzonici in Perù, tra i tanti altri che si registrano in America Latina. Le conseguenze sono sia morali ma soprattutto giuridiche, il che significa che si vuole intendere per applicabile e operativa secondo i termini del diritto internazionale a cui il Relatore Anaya si attiene, conformemente ad un diritto sovranazionale vincolante per gli Stati e per tutti i tipi di agenti politici, sociali ed economici.

Comunicazione ONIC

Traduzione di Fabiola Correale

La prossima settimana il documento completo del Relatore dell'ONU per le questioni indigene sarà disponibile in italiano su www.asud.net